Comentario del artículo sobre Colombia

Los silenciados hasta la tumba por la verdad y la justicia

El texto objeto de comentario pertenece a un informe publicado por la revista Semana el 2 de febrero del 2019 acerca de la problemática de los lideres sociales en Colombia. Esta investigación fue realizada por el programa Somos Defensores, el CINEP, la Universidad Nacional de Colombia, la Comisión Colombiana de Juristas y el portal Verdad Abierta y destaca por ser de las primeras en identificar una sistematicidad en los asesinatos de estos defensores de los Derechos Humanos en nuestro territorio. 

En el informe se nos presentan diferentes datos y cifras contundentes que demuestran y comprueban hipótesis acerca de la existencia de patrones en los asesinatos de lideres sociales que se han presentado en los últimos tres años. Y es que, tomando como punto de partida la firma del Acuerdo de Paz entre el Gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) el 24 de noviembre de 2016, han sido asesinados en el país 257 líderes sociales hasta la fecha del 31 de julio de 2018.

Empecemos por los actores de dichos hechos de violencia, portadores de manos ensangrentadas con temor y verdad. En primera instancia se pensaría que las organizaciones criminales y grupos al margen de la ley son los responsables de estos múltiples y continuos asesinatos. Sin embargo, sorprende saber que la mayoría de casos (118 para ser precisos) aún no tienen un autor identificado. Sí, como se podría esperar y tomando en cuenta las zonas y regiones en las que se presentan los eventos, paramilitares, grupos armados, el EPL y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), son causantes, en segundos y terceros puestos, de tales crimenes. Sin embargo, y he aquí la gran disyuntiva, según el informe existen asesinatos perpetrados a manos del propio Ejército Nacional y la Policia.

Así mismo, y por lo que esta investigación es tan relevante en el tema, es porque se han logrado identificar diferentes patrones e indicios que demostrarían la sistematicidad de los asesinatos, y que, de hecho, el pasado 11 de enero de este año el mismísimo Gobierno de Colombia reconoció esta hipótesis como verdadera. Entre las pruebas más relevantes y contundentes, se encuentra el homicidio cometido con arma de fuego, la implicación de sicarios en las muertes, las zonas geográficas comunes, la presencia de paramilitarismo y, por sobre todo, las sospechas ahora esclarecidas de indicios de planeación y seguimiento de víctimas. 

Para muchos esta información les resultará obvia y no tan relevante para el importante y grave problema que se presenta casi que a diario en nuestro país, pero, sin lugar a duda debemos mirar al pasado para entender el presente. ¿Qué es lo que realmente está sucediendo en Nariño, Chocó, Córdoba, Valle del Cauca, Antioquia,  Cauca? O, debería ser ¿qué fue lo que sucedió y por qué sigue teniendo repercusiones en la actualidad?

Recordemos que todas estas zonas tienen varios puntos en común, entre los que destacan la falta de implicidad estatal, ser regiones afectadas directamente por el conflicto armado y, por lo tanto, áreas de alto nivel de narcotráfico. Por lo que, luego de la firma de paz con las FARC, se dió un rayo de esperanza para las distintas comunidades de estas partes del país para retomar lo que les pertenecía en un principio. Un impulso para luchar por la justicia y por retomar sus vidas arrebatadas por la pasada violencia. El problema, reside en que esta violencia no se ha eliminado por completo, puesto que, como sabemos, existen aún numerosos y esparcidos grupos disidentes, inconformes con dichos tratados con el Gobierno que desean continuar con sus negocios y comercios ilícitos. Pero, ¿quién los puede culpar?  

Esto tiene que ver con los líderes sociales puesto que ellos son personas, del común, elegidas por el propio pueblo para representar sus causas y pelear por estas. En este caso, cabecillas de grupos en contra del narcotráfico y paramilitarismo, que lo único que buscan es restaurar la paz en sus tierras, poder sanar y sacar adelante a su familia. Se oponen a economías ilegales, participan en la política y  buscan la verdad nada más que la verdad. Y esta es precisamente la razón por la cual resultan amenazados, toturados y, en el peor de los casos, asesinados en las entradas de sus propias viviendas. 

¿La razón? Claramente estos magnates resultan una piedra en el zapato para los grupos al margen de la ley al impedirles el libre, rápido y fácil comercio y negocio ilegal. Por lo que deciden silenciarlos a punta de balas para la eternidad. He aquí la respuesta a esos 118 casos en los que los autores de los asesinatos son desconocidos y no identificados. Precisamente porque se prefiere contratar a sicarios, personas cualquieras que pueden ser incluso sus vecinos, para pegarle un tiro al lider social de la comunidad. Pero resulta, pasa y acontece, sabemos quién se ensuncia de sangre ajena, quién jala el gatillo, pero no sabemos quién paga y está detras de todo el asunto, volviéndolo así un díficil y enredado laberinto de interéses políticos, sociales y económicos de todas las partes involucradas. 

¿Y el Estado? Bueno, quedemos con esa pregunta, pregunta que los colombianos nos solemos hacer con cuaquier problemática que se presente en el país, porque pareciera que corre por nuestras venas el culpar al Gobierno por cualquier situación especial que se dé. Sin embargo, en este caso, realmente es el Estado la base principal de los asesinatos. El hecho de que estas comunidades se sientan y, de hecho, se encuentren sin el amparo de la seguridad nacional, los hace aún más vulnerables, porque la falta de una política integral que desmonte las acciones agresivas en contra de los sindicales, ausencia de la voluntad del Estado para controlar estas estructuras paramilitares, da lugar a la carencia de mecanismos de protección para los mismos.

Lo más fuerte, es que ni siquiera la cifra dada por este informe de 257 asesinados podemos tomarla como verídica al 100%, puesto que, tal y como lo incluye en la investigación, los reportes de Medicina Legal no concuerdan en siete casos, lo que significa que, podrían haber cientos de cadáveres de lideres más envueltos y escondidos bajo tierra a lo largo y ancho del país. Una realidad dura, pero tristemente cierta de Colombia. País en el que resulta frustrante la indiferencia de la sociedad colombiana, la ausencia de estrategias eficientes para evitar este tipo de masacres, pero, sobre todo, que dan lugar a disyuntivas e incongruencias comunicativas entre el Estado, los sectores políticos y el pueblo. 

Se repite la historia, contada de diferente manera pero con la misma base, la mentira, el engaño, el temor, el miedo a ser silenciados por querer sacar la verdad a la luz. Nada más debemos tomar como ejemplo estos líderes sociales, personas como tú y yo que son elegidas por sus propias comunidades para levantar sus voces por encima de las amenazas, que buscan un futuro libre y lleno de paz. Defensores de los Derechos Humanos a los que paradojicamente se les es arrebatado el derecho inalienable de la vida. Hombres y mujeres que son tomados por las feroces garras de la injustica y la violencia, garras que con anterioridad, y, mirando hacia nuestro pasado, ya han tomado victimas del mismo estilo. 

Lo más grave es que aquí seguimos, cuestionando las acciones del Estado, de los grupos armados, de los paramilitares, sin darnos cuenta que lo que hacemos es buscar un responsable de los actos atroces, pero que realmente todo se remonta al nosotros como pueblo colombiano, al nosotros como país, al nosotros como una unidad separada, desplazada y rota, pero que aún así seguimos buscando a quien culpar.